Por Natalia L. Monti*
Imaginen a una adolescente de 14 años. Su desarrollo es óptimo, pero en un mercado global hipercompetitivo, sus padres consideran que su rendimiento es «insuficiente para las exigencias del mercado». Buscando asegurar su éxito, recurren a un implante de interfaz cerebro-computadora (BCI) de «Aumentación Cognitiva». Bajo la promesa de que es un simple tratamiento para su bienestar, la joven accede por la confianza en sus progenitores. No sabe que sus procesos sinápticos están a punto de ser intervenidos por impulsos eléctricos controlados por IA.
Este escenario nos sitúa en el centro de una tormenta jurídica inminente
Durante siglos, el «locus internus» o foro interno fue el único refugio verdaderamente inexpugnable del ser humano. Podían vigilar nuestros pasos, pero no nuestras intenciones. Hoy, la neurotecnología —cualquier mecanismo que haga posible la observación o modificación de la actividad cerebral— ha derribado esa puerta. Como explica el Dr. Marcello Ienca, la riqueza informativa de estos registros permite rastrear la identidad de un individuo de forma tan precisa como una huella dactilar o el ADN.
Aquí es donde los neurodatos —bioseñales del sistema neuronal, ya sean conscientes o inconscientes— redefinen el paradigma de la privacidad. Tal como sostiene el neurobiólogo Rafael Yuste, el acceso a la actividad cerebral no es solo acceso a datos, sino a la base misma de nuestra mente y privacidad. Al tratarse de información que se genera de forma involuntaria y escapa al control de la voluntad del individuo, estos datos revelan prejuicios y procesos subconscientes que no podemos filtrar conscientemente.
El dilema de la autonomía y la mercantilización
En la historia de esta adolescente, el conflicto estalla cuando los límites del consentimiento se desvanecen. ¿Puede la representación legal de los padres autorizar una intervención irreversible en la identidad de una menor? La «autonomía progresiva» sugiere que el Estado debe proteger la integridad psíquica frente a interferencias externas.
Observamos que el riesgo de la «mercantilización de la identidad neuronal» parece no tan lejano. Tal es así, si permitimos que se utilicen los neurodatos del implante de una menor para fines de marketing, estamos convirtiendo el pensamiento en un producto comercial. Es imperativo establecer definiciones que den «precisiones a nuevos conceptos para determinar el derecho aplicable», evitando que el consentimiento se vuelva una ficción frente al uso de IA para la decodificación de los neurodatos.
Neurodiscriminación: La creación de una nueva subclase
Quizás el riesgo más profundo sea el de la «discriminación estructural». Si la aumentación cognitiva queda reservada para quienes pueden costearla, estamos diseñando una segregación biológica. ¿Qué lugar quedará para los «humanos naturales» frente a los «aumentados»?
La neurodiscriminación —basada en las características neuronales de una persona— no es una distopía. El principio de igualdad de oportunidades se rompe cuando la ventaja no proviene del talento, sino de un chip. Por ello, es vital establecer límites claros y ejercer un control reforzado sobre el aumento de las capacidades cognitivas.
Salvaguardar lo que nos hace humanos
Ante este panorama, la respuesta no puede ser el silencio. El Comité Jurídico Interamericano de la OEA, a través de sus «Principios sobre Neurotecnologías y Derechos Humanos» (2023), ha marcado el camino, principalmente resaltamos la idea de:
Preservar la identidad individual e integridad cognitiva frente a cualquier intervención.
Proteger los neurodatos, como «datos sensibles»
Garantizar el «consentimiento expreso» y el acceso equitativo para evitar la segregación.
Limitar la aumentación cognitiva exclusivamente a casos terapéuticos, prohibiendo mejoras que profundicen la desigualdad biológica.
La historia de esta adolescente es un disparador necesario. Nos obliga a preguntarnos si la protección de los derechos humanos debe actuar como un límite prohibitivo a la técnica o si el «progreso» justifica sacrificar nuestra privacidad mental. El desafío es actuar con la misma velocidad que la ciencia para asegurar que nuestra esencia humana siga siendo, ante todo, nuestra.
NATALIA L. MONTI es docente del curso «Derecho y Neurotecnología» del CETyS, que en 2026 comienza el miércoles 6 de mayo y durante el mes de abril tiene las inscripciones abiertas. Contacto: cetys@udesa.edu.ar.
Es investigadora y abogada especializada en la protección del sistema nervioso y los derechos humanos. Actual Directora Legal de la Fundación Kamanau, fue coordinadora de la secretaría técnica del grupo de expertos en neuroderechos ante el Comité Jurídico Interamericano de la OEA sobre los Principios Interamericanos en materia de Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos.
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(Foto de portada: Image by DC Studio on Freepik)
