Por Carolina Caeiro, miembro del Laboratorio de Infraestructura Digital (InDi Lab)
La pandemia dejó en evidencia la necesidad de expandir la conectividad en Argentina, y puso la universalización del acceso a internet en el centro de la agenda pública. Tener una conexión de calidad, con suficientes datos y velocidad, se volvió imprescindible para acceder a muchos de los servicios y beneficios básicos que se digitalizaron a lo largo de 2020.
Pero, en Argentina, este tipo de conectividad no está disponible para todos. Si bien el país cuenta con una penetración de internet relativamente alta cuando se contabiliza la telefonía móvil, los datos más recientes publicados por el ENACOM indican que en septiembre 2020, sólo el 66% de los hogares argentinos contaban con conexión fija.
Haciendo foco en la educación, previo a la pandemia, los datos relevados por el Observatorio de Argentinos por la Educación a través de la la prueba Aprender 2018 indicaban que el 19,5% de los estudiantes que finalizan la primaria y el 15,9% de los estudiantes que finalizan la secundaria no tienen acceso a internet en su hogar. Para poblaciones sin cobertura o sin capacidad de pagar una conexión a internet, esta creciente digitalización exacerba desigualdades y pone en riesgo a quienes no cuentan con conectividad de sufrir una marginalización aún mayor.
El desafío de la universalización de la conectividad invita a reflexionar sobre la contribución de los pequeños proveedores de internet y proveedores comunitarios, quienes juegan un rol central en expandir la conectividad en zonas desatendidas.
El objetivo de promover el acceso universal a internet en Argentina, particularmente hacia zonas rurales, se viene trabajando con distintos grados de impulso desde hace más de una década. Desde el sector público, quizás la contribución más ambiciosa y significativa de los últimos años sea el lanzamiento de la compañía satelital estatal ARSAT, a través de la cual Argentina busca llevar conectividad de banda ancha de bajo costo a ciudades y localidades desconectadas a lo largo del país. Las grandes empresas de telecomunicaciones también han jugado un rol clave en la expansión del acceso en la última década, con un marcado aumento de cobertura y oferta que contribuyó indudablemente al cierre de la brecha.
Así como actores públicos y privados se movilizan para extender el acceso a internet, existe un modelo de conectividad alternativo que está ganando fuerza en Latinoamérica y que ubica a las comunidades desatendidas en el centro de la escena: las redes comunitarias. La internet Society define a las redes comunitarias como “redes construidas, y gestionadas por comunidades locales.” Este tipo de despliegues autogestionados por sus usuarios están emergiendo como una posible solución para abordar necesidades de conexión en áreas que continúan sin internet o tienen limitadas opciones de servicio.
La asociación mexicana Redes por la Equidad AC, que apoya procesos participatorios entre organizaciones de base, describe a las redes comunitarias como un círculo virtuoso. No solo contribuyen al cierre de la brecha digital, sino que también introducen modelos alternativos de conectividad basados en la apropiación tecnológica por parte de las comunidades locales, enfatizan la importancia de desarrollar contenido local de relevancia para los nuevos usuarios de internet, e introducen modelos alternativos de negocio que operan bajo una lógica de recuperación de costos como estrategia para hacer que la conectividad sea más económica.
Las redes comunitarias en Argentina
Gracias al extenso trabajo de incidencia de los operadores comunitarios, el gobierno reconoció a las redes comunitarias como un actor con potencial para contribuir a la universalización de la conectividad. El ENACOM materializó este reconocimiento en el año 2018 con la habilitación de las redes comunitarias como licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) (Resolución 4958/2018). La posibilidad de acceder a licencias habilitó una vía para que las redes comunitarias dejen de operar en la informalidad. También las convirtió en candidatas para acceder a subsidios estatales reservados para el sector de telecomunicaciones, especialmente del Fondo de Servicio Universal.
Las redes comunitarias en Argentina son un fenómeno incipiente, de crecimiento lento pero constante. La CARC es un grupo que congrega a varias de las redes comunitarias existentes del país y a organizaciones de base explorando el lanzamiento de redes de comunicación propias. Este grupo trabaja en incidencia regulatoria de manera colectiva y en el desarrollo de capacidades para operadores comunitarios. La CARC actualmente está compuesta de catorce redes, cuatro organizaciones comunitarias interesadas en desplegar redes propias y seis organizaciones de apoyo del sector académico que comparten un interés por la conectividad comunitaria. Los miembros de la CARC cuentan con despliegues en cinco provincias del centro y noroeste del país, y se conocen casos de otras redes comunitarias en el sur de Argentina.
Una de las entidades pioneras en promover el desarrollo de la conectividad comunitaria en América Latina es AlterMundi, basada en la provincia de Córdoba. AlterMundi trabaja en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de propiedad comunitaria, el desarrollo de tecnologías abiertas y libres para la conectividad, y en incidencia regulatoria. Sumado a los esfuerzos de la CARC, AlterMundi impulsó la creación de un semillero de redes comunitarias que está apoyando el despliegue de ocho iniciativas de conectividad comunitaria adicionales.
Reclamos regulatorios de las redes comunitarias
No existe una única solución para alcanzar la universalización de la conectividad. Esto acentúa la necesidad de desplegar esfuerzos complementarios desde múltiples sectores –incluidos el gobierno, las empresas de telecomunicaciones y los pequeños y medianos proveedores de internet– para conectar a aquellos que siguen sin acceso a internet en Argentina. Dentro de este esquema, las redes comunitarias representan una solución innovadora con potencial de contribuir al cierre de la brecha digital, particularmente entre aquellas comunidades más difíciles de conectar dónde los operadores tradicionales no tienen un caso de negocio fuerte para justificar las inversiones necesarias o dónde las opciones de conectividad siguen siendo demasiado costosas para los usuarios finales.
No obstante, una gran pregunta por explorar es si las redes comunitarias pueden proveer una solución sostenible y escalable que impacte de manera substantiva en expandir el acceso a internet. Este es un desafío sobre el cual el movimiento de redes comunitarias está trabajando activamente con el apoyo de entidades impulsoras de la conectividad comunitaria, como la Internet Society, Fundación Mozilla y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.
Casos exitosos a nivel internacional tales como Guifi.net en España, Zenzeleni Networks en Sudáfrica y Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias en México sugieren que el escalamiento de las redes comunitarias es posible.
Desde el colectivo de la CARC, los operadores comunitarios trabajan conjuntamente en identificar desafíos comunes y plantear propuestas regulatorias para que las redes comunitarias en Argentina puedan testear su potencial. En su jornada abierta de incidencia política-regulatoria de diciembre 2020, la CARC debatió múltiples propuestas. Las tres más salientes abordan: (a) limitaciones para obtener licencias; (b) facilidad de acceso al fondo de servicio universal; y (c) oportunidades de interconectar con redes estatales para mejorar la calidad del servicio:
Licencias. Uno de los logros más importantes del movimiento de redes comunitarias en Argentina fue la aprobación de las licencias no comerciales para ofrecer servicios TIC. Esto le permitió a organizaciones tales como AlterMundi salir de la informalidad, y hacerse elegibles para acceder al Fondo de Servicio Universal. No obstante, desde la CARC explican que este beneficio no ha alcanzado a todas las redes existentes. Las redes comunitarias tienden a considerarse como soluciones para conectar áreas remotas, por lo cual la regulación actual autoriza las licencias para operadores comunitarios solo para redes atendiendo comunidades de hasta 5,000 personas. Esto significa que redes comunitarias urbanas y de zonas remotas que exceden este límite de población, no pueden acceder a licencias no comerciales. Una de las redes comunitarias afectadas por este problema es Atalaya Sur que atiende un asentamiento informal dentro de la ciudad de Buenos Aires de más de 30,000 personas y que actualmente no puede acceder a licencias no comerciales.
Acceso a programas de Servicio Universal. Desde su comienzo, las redes comunitarias en Argentina han demando acceso al fondo de servicio universal para desplegar infraestructura y escalar redes existentes. El acceso al Fondo de Servicio Universal se materializa, entre otras vías, a través de programas de aportes no reembolsables (ANRs) tales como los actuales iniciativas para la extensión o mejora de redes en localidades de hasta 30,000 habitantes y despliegue de infraestructura en barrios populares. Mientras que las redes comunitarias técnicamente califican para acceder a estas convocatorias, desde la CARC reportan que en la práctica aún existen barreras. Múltiples redes siguen sin tener acceso a una licencia debido al límite de 5,000 habitantes impuesto sobre los operadores comunitarios. Adicionalmente, las redes comunitarias reportan que el ENACOM no contempla las limitaciones financieras de entidades sin fines de lucro, imponiendo requerimientos de postulación tales como garantías o contrapartidas financieras fuera del alcance para las redes comunitarias.
Interconexión. La interconexión es un aspecto que las redes comunitarias identifican como necesario para seguir consolidándose y mejorar la calidad del servicio. Desde la CARC reclaman interconectarse y entrar en “acuerdos de tránsito libre con redes estatales” como ARSAT, INTA, redes de universidades y otras redes operadas por el estado a nivel provincial o municipal. Desde la CARC plantean que el acceso a estas redes estatales les permitiría a las redes comunitarias compartir ancho de banda y realizar acuerdos de peering entre ellas, mejorando significativamente el servicio hacia usuarios finales en zonas remotas. Las redes comunitarias también argumentan que la capilaridad ofrecida por sus redes le permitiría al estado cumplir con su objetivo pendiente de llevar conectividad a escuelas rurales y otras instituciones públicas en áreas remotas a lo largo de Argentina.
Estas propuestas suscitan controversias entre operadores que se oponen al tratamiento diferenciado de las redes comunitarias tales como la extensión de licencias para operadores comunitarios fuera de zonas remotas, o al acceso a fondos de servicio universal para quienes no realizan aportes (las redes comunitarias están exceptuadas del pago de aranceles al Fondo Fiduciario de Servicio Universal). Asimismo, si bien la interconexión a redes estatales tienen el potencial de mejorar la calidad del servicio de redes comunitarias y pequeños y medianos proveedores de internet, el acceso libre para redes comunitarias podría generar distorsiones de mercado con quienes ofrezcan servicio en zonas de cobertura de las redes comunitarias.
El acceso que falta
Garantizar el servicio para aquellas comunidades que son las más difíciles de conectar seguirá siendo un desafío complejo. La necesidad de trabajar hacia la universalización de la conectividad denota que, más allá de todos los logros del sector de telecomunicaciones, hoy no se logra conectar a toda la población del país. Los dos desafíos centrales en Argentina, la cobertura y asequibilidad del servicio, generan segmentos de la población donde es particularmente difícil llevar la conectividad. Las redes comunitarias están en un proceso exploratorio de testear su sustentabilidad y escalabilidad, pero constituyen, sin dudas, una propuesta innovadora a ser monitoreada que apela al tejido social y a lógicas de economía colaborativa para proveer alternativas de conectividad
