Sin duda, el presente año 2020 será recordado por la aparición del Coronavirus y sus efectos en nuestras vidas. A nivel de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la emergencia sanitaria originada en la pandemia y las medidas de aislamiento social dispuestas por las Autoridades Públicas, a nivel Federal, Provincial y Municipal impulsaron la migración de las actividades económicas, sociales y educativas presenciales a la “virtualidad”; y la intermediación tecnológica de las TICs se volvió indispensable para continuar con las mismas.
Esta virtualidad forzada impulsó de manera acelerada el proceso de transformación digital de todas las actividades, así como de las personas involucradas en las mismas, quienes nos vimos obligados a aprender a utilizar nuevas herramientas digitales para poder tomar una clase en cualquier nivel educativo, tener una reunión de trabajo o compartir una celebración familiar, por citar algunos casos. De la misma manera, esta dependencia de la tecnología puso en el centro del debate de políticas públicas de telecomunicaciones de nuestro país y la región, la universalización del acceso a Internet y de la conectividad.
Para las Autoridades Nacionales y el sector privado la primera preocupación (allá por el mes de abril de este año) fue la capacidad de las redes para absorber el incremento del tráfico de Internet cursado tanto por dispositivos fijos como móviles, situación que llevó a la adopción de medidas a nivel mundial para disminuir el ancho de banda utilizados por las principales aplicaciones de streaming (por ejemplo, el caso de Youtube y Netflix), así como al monitoreo del tráfico agregado que en algunos servicios tuvo picos del 65% comparado con el mismo mes del año 2019.
De la misma manera, el debate por la universalización de la conectividad se encendió tanto a nivel legislativo nacional, con varios proyectos presentados desde diferentes espacios políticos para declarar Internet como Derecho Humano o para asegurar la conectividad calificando a los servicios de acceso a Internet como un servicio público o proponiendo mayor intervención estatal, como a nivel provincial. En este caso, con iniciativas de creación de nuevas empresas públicas, las denominadas SAPEMs, para el tendido de infraestructura de telecomunicaciones y prestación de servicios de conectividad a los usuarios dentro de la provincia respectiva (A modo de ejemplo, la modificación de la Ley 13.527 de la Provincia de Santa Fe).
La conectividad también estuvo presente en el debate por la reforma de la Ley de Educación Nacional, que habilitó las clases no presenciales en supuestos excepcionales y en la aprobación de la Ley del Teletrabajo, que buscó regular de manera rígida una actividad impuesta por la emergencia sanitaria y que llegó para quedarse.
Desde el punto de vista regulatorio de los servicios de TICs que son los que permiten la conectividad, ya sea fija o móvil, y el acceso a todos los beneficios de la virtualidad, el Presidente Fernández dictó el DNU 690/20 que, entre otras medidas, declaró a los Servicios de TICs como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, atribuyó facultades tarifarias al ENACOM sobre todos los servicios de TIC y suspendió los aumentos de precios o modificaciones de los mismos hasta el 31 de diciembre del 2020.
Estas medidas fueron tomadas con sorpresa y desagrado por el sector privado porque, si bien es compartida la preocupación por la universalización de la conectividad, la declaración como servicio público no parece garantizar por sí misma el objetivo buscado y al mismo tiempo genera incertidumbre en el mercado, en tanto la declaración no fue acompañada de reglas concretas que especifiquen sus alcances prácticos, así como las obligaciones que se derivan para los diferentes actores del ecosistema. En este sentido, varias asociaciones de la industria hicieron presentaciones ante el ENACOM solicitando que la reglamentación del DNU 690/20 atienda los posibles efectos negativos del mismo, en especial sobre prestadores medianos, pymes y cooperativas.
El DNU 690/20 no fue una medida normativa aislada, sino que complementó otras iniciativas regulatorias previamente adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el ENACOM, que generaron mayor intervención administrativa en la actividad privada y que se dictaron para asegurar la continuidad de la provisión de ciertos servicios de TIC y de comunicación audiovisual a usuarios especialmente vulnerables que no pudieran cumplir con sus obligaciones de pago (DNU 311/20, Resolución 173/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo y ENACOM Res 367/20).
En materia de promoción positiva de la universalización y la conectividad, desde el Poder Ejecutivo se anunció el Plan Conectar que incluye múltiples iniciativas para la universalización de la conectividad a través del Sistema Satelital Argentino; que consiste en el desarrollo, construcción y lanzamiento de un nuevo satélite geoestacionario de nueva generación (SG1) en los próximos años, la extensión territorial de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la renovación de la Televisión Digital Abierta y el impulso del Centro Nacional de Datos operado por ARSAT.
Por su parte el ENACOM aprobó una serie de Programas de Servicio Universal, financiados con Aportes No Reembolsables (ANRs), para que actores privados y públicos presenten proyectos que contribuyan al desarrollo de la conectividad en nuestro país. Estos programas modificaron algunos ya existentes, como por ejemplo el destinado a la extensión y actualización de redes mayoristas y minoristas de acceso a internet fijo de banda ancha de las SAPEMs (Resolución ENACOM 737/20) o aquel que tiene por destinatario a los proveedores de acceso a Internet (ISPs) y que busca que extiendan o mejoren sus redes en localidades de hasta 30.000 habitantes (Resoluciones ENACOM 363/20, 731/20 y 1190/20). Pero también, crearon nuevas iniciativas para lograr una mayor inclusión digital; en este sentido, vale la pena destacar el destinado a desarrollar Infraestructura de Internet en Barrios Populares inscriptos en el RENABAP (Resoluciones ENACOM 726/20 y 950/20) y el que tiene por objeto mejorar la conectividad de Instituciones Públicas (Resoluciones ENACOM 738/20 y 951/20), en tanto han movilizado al sector privado en conjunto con organizaciones sociales, en el primer caso y con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y en el segundo, a presentar proyectos innovadores para aportar soluciones de conectividad que permitan el aprovechamiento de Internet y sus beneficios por quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que cuenten con dificultades para acceder a conectividad de calidad.
En el caso del programa destinado a Barrios Populares es importante destacar que los proyectos también pueden ser presentados por Redes Comunitarias, donde la infraestructura y el servicio es gestionado, sin fines de lucro, por sus propios usuarios y que en muchos casos ya operan en algunos de los barrios elegibles para la financiación mediante los ANRs (Las Redes Comunitarias fueron reconocidas como licenciatarios de servicios de valor agregado a partir de la Resolución ENACOM 4958/2018).
Del mismo modo, el ENACOM aprobó nuevos programas para contribuir a la universalización de la conectividad como por ejemplo: el destinado al aumento de la capacidad de la Refefo (Resolución ENACOM 867/20), o el que tiene por objeto el acceso a las TICs por poblaciones de zonas adversas. Asimismo, dentro de los nuevos programas corresponde incluir uno específico para Cooperativas y Pymes para el despliegue y actualización de la infraestructura en unidades poblacionales sin servicio y también un programa para el despliegue de redes de acceso a servicios de comunicaciones móviles (Resoluciones ENACOM 727/20, 909/20 y 728/20).
Sin duda estos programas contribuirán al desarrollo de la conectividad y actualmente están siendo analizados por los actores privados y públicos para la presentación de iniciativas en el marco de cada uno de ellos. Cada una de estas iniciativas de promoción y universalización del servicio son avances positivos para lograr la inclusión digital de todos los habitantes del país con independencia de su ubicación geográfica o situación socioeconómica y constituyen alternativas en la aplicación de las contribuciones realizadas por todos los prestadores de servicios de TIC al Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
Seguramente existan aspectos para mejorar y la necesidad de contar con nuevos programas de cooperación público-privados que cubran aspectos de la universalización que aún se encuentran pendientes, como por ejemplo más iniciativas destinadas a la alfabetización digital de niños, niñas y adolescentes y de adultos mayores o al acceso a las TICs por personas con capacidades diferentes.
En cualquier caso, las iniciativas de promoción y universalización en la forma de Programas del Servicio Universal pueden considerarse más efectivas para la inclusión digital que la regulación de los servicios de TICs o sus precios, en tanto no desalientan la inversión privada sino que por el contrario la impulsan mediante mecanismos de cofinanciación para los participantes del proyecto y hasta en algunos casos la financiación total del mismo.
Adicionalmente, la regulación debería acompañar estas iniciativas modificando las barreras que actualmente existen para el tendido de redes de distribución en muchas de las localidades de nuestro país, donde bajo el argumento de la autonomía municipal, se imponen requisitos excesivos a los actores privados que desean hacer despliegues o se cobran tasas confiscatorias que vuelven inviable la prestación del servicio al usuario. Este tipo de barreras conspiran directamente contra la universalización del servicio y afectan a los usuarios y por lo tanto deberían ser revisadas lo antes posible.
A modo de conclusión, corresponde destacar que la universalización de la conectividad sin duda ha alcanzado el centro de la agenda política, tanto a nivel nacional, provincial y municipal y ha puesto a trabajar a todos los actores: gobierno, sector privado, comunidad técnica, academia y sociedad civil en la búsqueda de alternativas para lograr la inclusión digital. Por ello, quizás cuando recordemos el 2020, además de pensar en el Coronavirus y su impacto en nuestras vidas, podamos ver este año como aquel en el que la dirigencia política y la sociedad tomó conciencia de la importancia de la conectividad y de la necesidad de fomentar mediante medidas regulatorias pero principalmente a través de Programas de Servicio Universal a todos los actores privados (con y sin fin de lucro) y públicos que, como parte de su actividad empresaria, nos prestan el servicio de conectividad que nos permite acceder a Internet y a todos los beneficios que este acceso nos genera.
