Impacto Futuro de la Competencia Económica

Por María Fernanda Viecens [1]

La experiencia de la regulación europea de la economía digital en la última década se ha transformado en una referencia ineludible para pensar el futuro de la competencia y la innovación. La saga europea comenzó en 2015 con la regulación del open-banking (PSD2), cuya implementación desde 2018 redujo las barreras para la entrada de nuevos actores digitales en sectores de medios de pago y financieros, y siguió en 2016 con el estricto reglamento de protección de datos personales (GDPR). Más recientemente, Europa se ha embarcado en regulaciones más disruptivas de los grandes actores de la economía digital (Big Techs) con la Digital Market Act (DMA), que nació acompañada de la Digital Service Directive (DSA), aprobadas en el 2022 y cuya vigencia inició este año. La primera busca asegurar mercados digitales “justos” y abiertos, y establecer igualdad de condiciones para las empresas. La DSA tiene como objetivo crear un espacio digital más seguro donde se protejan los derechos fundamentales de los usuarios. Finalmente, en 2024 la primera regulación de inteligencia artificial (AI Act) surge para garantizar mejores condiciones para el desarrollo y uso de esta tecnología innovadora.

Todas estas normas, en mayor o menor medida afectan la competencia en los mercados digitales y su interacción con la legislación de defensa de la competencia suma desafíos. En particular, será principalmente la interacción entre la legislación antitrust y la DMA la que definan el futuro de la competencia en la economía digital en Europa. En este sentido, el reciente enfoque europeo, especialmente la DMA, está teñido de una finalidad proteccionista de actores europeos con características de política industrial, lo cual no resulta sorprendente, cuando se observa que Europa no ha sido exitosa en la generación de actores digitales globales e importantes. En particular, entre las 50 empresas tecnológicas más grandes, hay solo cuatro de países europeos [2].

A la luz de esta experiencia, la pregunta que surge naturalmente es si deberían los países de la región adoptar un enfoque similar al europeo, como lo muestran diversos debates de política pública que han derivado en algunas propuestas legislativas. Considero que un paso fundamental, y previo a introducir nuevas regulaciones, es fortalecer las agencias de competencia y de protección de datos personales, dotándolas de las herramientas para poder defender la competencia, la privacidad y los intereses de los consumidores. Cuando hablo de herramientas me refiero a las institucionales y jurídicas (autonomía, independencia, poder sancionador) y a las económicas (presupuesto).

Sobre las regulaciones europeas más recientes (DMA, DSA, AI Act), creo que es necesario aprender de la experiencia internacional y sus efectos, antes que emitir normas similares. Mal haríamos aumentando obligaciones y carga regulatoria a agencias que hoy no cuentan con lo indispensable para cumplir con éxito el enforcement de leyes existentes (y repitiendo viejas historias de

leyes que no se aplican). Además, no es evidente que sea urgente en la
región establecer regulaciones del tipo de la DMA. Aquí contamos con
actores digitales propios que están sabiendo competir con los que han sido
establecidos como “gatekeepers” en Europa (tales como Mercado Libre con
Amazon y Despegar.com con Booking).

Estos actores no necesitan una política industrial proteccionista y, precisamente, en la región tenemos ya mucha experiencia en política proteccionista adversa a los consumidores, la inversión y la innovación. Promover estas últimas es la prioridad del momento y podría ser muy costoso introducir intervenciones que las desalienten, cuando además podemos tener agencias y legislaciones de competencia y de protección de datos con gran capacidad para defender los intereses de los consumidores.