Dar espacio a todas las voces. Esa fue la premisa del evento Internet y la Directiva Europea de Derecho de Autor: debates y encrucijadas, que el CETyS organizó el pasado 10 de julio (2019). Se citó a expertos en temas legales, a personalidades del universo editorial, a creadores de contenidos y a responsables de plataformas digitales para debatir específicamente sobre los dos puntos más álgidos: los artículos 15 (conocido como link tax, es decir, impuesto al link) y 17 (llamado upload filter, filtro de subida de materiales), que responsabilizan a las plataformas de internet frente a la publicación de contenidos no autorizados y las fuerza a tomar una posición proactiva frente al filtrado, incluso aquellos que suben los propios usuarios.
Más allá de las miradas divergentes, existe un cierto escepticismo en prácticamente todos los ámbitos: entre los temores a los recortes a la libertad de expresión y los derechos humanos que manifiestan los expertos ligados al mundo virtual y las necesidades de ajuste a una nueva realidad y a un contexto específico como el latinoamericano que expresan aquellos que vienen del mundo de los medios de comunicación. También se notó en líneas generales una luz de esperanza de que este haya sido el primer paso para lograr una legislación verdaderamente útil, adaptada a los tiempos que corren y beneficiosa para todas las partes.
El evento estuvo compuesto de tres bloques: “Descripción de la directiva europea de derecho de autor y sus efectos generales”, “Impactos de la directiva europea en el contexto de la innovación, los emprendimientos digitales y específicamente en los medios de comunicación” y “Consecuencias de la directiva europea sobre los derechos humanos”.
Uno de los temas recurrentes entre los disertantes y los panelistas fue qué tan útil es realmente esta normativa para defender los derechos de autor. “Cuando se trata de regulaciones de derechos de autor, no existe evidencia empírica que demuestre que más protección se traduzca en mayores incentivos para la creación de contenidos”, explicó el activista por los derechos de internet y director de estrategia de ecosistema en Creative Commons, Claudio Ruiz.
El cineasta y activista social Stephane Grueso dio un paso más: “hay que abolir la propiedad intelectual y atender los cambios estructurales necesarios que impone la nueva realidad: las industrias culturales utilizan su poder para resistirse a cambiar las formas de mediar cultura y el dinero por el que luchan no llega en realidad a los autores”.
Gabriela Ramírez, directiva de NIC.ar, detalló la importancia de evaluar que las normativas que emerjan “no vayan contra los principios de internet que todos defendemos, como la libertad, la apertura y la participación”. En ese sentido, fue apuntalada por Esteban Lescano de CABASE (Cámara Argentina de Internet), cuando señaló que “no podemos olvidar que internet es un facilitador de derechos humanos y que debemos defender la libertad de expresión: no queremos ser policías de internet para revisar violaciones de derechos de autor y dar de baja a contenidos o usuarios, todo ese es responsabilidad de los jueces”.
Dificultades de aplicación
Las complicaciones para implementar la directiva también surgieron entre los temas tratados. Ofelia Tejerina, especialista en derechos humanos y tecnología, sostuvo que la directiva va a ser muy difícil de aplicar y que se avecina un panorama altamente judicializado, tanto desde la perspectiva de los prestadores de servicios como de los usuarios. Sin embargo, ve el vaso medio lleno respecto de cómo esta situación puede generar aprendizaje para nuestra región. “Latinoamérica fue muy prudente y si el debate continúa podría ser el punto de partido para hacer bien las cosas en estas geografías”, señaló.
¿Qué ocurre con su impacto o su posterior implementación en América Latina? “No todo lo que viene de Europa es bueno o es adecuado para nosotros:debemos buscar la mejor solución que se adapte a todos los derechos en juego y a nuestro marco judicial”, agregó Lescano. Al respeto, David Maeztu, abogado especializado en derecho de internet y propiedad intelectual, bromeó: “¿Están pensando qué conviene hacer en la región con esta normativa? ¡Huyan!”.
Una crítica expresada en la mesa fue que el proceso que llevó a la directiva fue apresurado y no contempló a la sociedad civil. Ruiz afirmó que “se perdió una oportunidad de lograr una armonización normativa”. Para el experto, que considera que es necesario un marco legal que permita a los autores vivir de lo que hacen, “el debate debería comenzar con el análisis de si las normativas del siglo pasado sirven y se adaptan a nuestra realidad actual”. En consonancia, Nicolás Panichelli, de MindTheData, consultora de protección de datos personales, afirmó que “no se contemplaron los giros relacionados con nuevos hábitos de consumo digitales, por lo que la verdadera regulación llegará con las nuevas generaciones”.
Gonzalo Navarro, director de ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet) expresó que lo que ocurrió en Europa es un ejemplo de desinformación. “La directiva no pone el foco en el interés de la creación de contenidos, sino en determinadas plataformas”, dijo. Y agregó que “los nuevos paradigmas implican políticas públicas que pongan a los usuarios en el centro del debate”.
Anna Torres Adell de Wikimedia, afirmó que la Directiva Europea se aprobó sin tener en cuenta las propuestas de la sociedad civil. “Con lo que establece la directiva, todos los usuarios son culpables hasta que se demuestre lo contrario”, dijo. Sin embargo, con una mirada positiva agregó que la situación generó una ventana de oportunidad:“abre el debate de propiedad intelectual y lleva la discusión al siglo XXI”. Carolina Botero, de Fundación Karisma, también puso énfasis en que durante el camino de construcción de la directiva “se desacreditó la movilización ciudadana”.
“Debemos empezar a adaptar la ley a la realidad y no al revés”, concluyó Juan Pozzo, de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina).
Micaela Mantegna, especializada en derecho asociado a las nuevas tecnologías, advirtió: “se debe encontrar un punto medio: un exceso de propiedad intelectual frena la innovación. La falta de ella, también”. Pozzo, por su parte, puso su opinión en blanco sobre negro: “la innovación le va a pasar por encima a cualquier tipo de legislación”.
En este sentido, Maeztu, que ofició como uno de los principales disertantes, ofreció un esclarecedor ejemplo: “¿Qué ocurre con un emprendedor que quiere lanzar una nueva plataforma y que no tiene dinero para pagar los abogados que lo cubran de esta normativa ni los algoritmos para hacer el filtrado de contenidos que la directiva fomenta? Pues bien, esta situación podría impedir, por ejemplo, que surjan nuevas redes sociales”. Miquel Peguera Poch, investigador centrado en los aspectos jurídicos de la sociedad de la información y otro de los disertantes, se mostró de acuerdo con esta afirmación: “la normativa no afectará el modelo de negocios de las grandes plataformas, que sí disponen de estas herramientas, pero sí de las de menor tamaño, a las que les resultará muy costoso implementar estos mecanismos”.
¿Cuál fue la opinión entre los expertos provenientes del mundo de los medios de comunicación? Cristian Hernández, de Perfil.com, mostró preocupación por cómo las plataformas utilizan los contenidos y visualizó la directiva europea como una señal. “Esto debe tener una legislación”, dijo. Carlos Cristófalo, de Autoblog, por su parte, recordó que internet es anárquico desde su creación. “Es la música con la que nos tocó bailar: ¡Bailemos!”, señaló. Chani Guyot, de RedAcción, sostuvo que la directiva “tiene más riesgos que virtudes”. Nicolás Novoa, de ADEPA Argentina, llamó la atención sobre que “los contenidos en línea están cada vez más vulnerables” y Guillermo Rivabén, de SERAC Partners, agregó que “para seguir haciendo periodismo de calidad hace falta que los contenidos fluyan”.
Como cierre, utilizamos las palabras de Juan Manuel Lucero, de Google: “el gran valor de este encuentro es que diferentes partes podamos encontrarnos en una misma mesa a conversar. La discusión tiene que ser amplia y beneficiar a todos los actores”.
Una barrera para la innovación
especializada en derecho asociado a las nuevas tecnologías, advirtió: “se debe encontrar un punto medio: un exceso de propiedad intelectual frena la innovación. La falta de ella, también”. Pozzo, por su parte, puso su opinión en blanco sobre negro: “la innovación le va a pasar por encima a cualquier tipo de legislación”.
En este sentido, Maeztu, que ofició como uno de los principales disertantes, ofreció un esclarecedor ejemplo: “¿Qué ocurre con un emprendedor que quiere lanzar una nueva plataforma y que no tiene dinero para pagar los abogados que lo cubran de esta normativa ni los algoritmos para hacer el filtrado de contenidos que la directiva fomenta? Pues bien, esta situación podría impedir, por ejemplo, que surjan nuevas redes sociales”. Miquel Peguera Poch, investigador centrado en los aspectos jurídicos de la sociedad de la información y otro de los disertantes, se mostró de acuerdo con esta afirmación: “la normativa no afectará el modelo de negocios de las grandes plataformas, que sí disponen de estas herramientas, pero sí de las de menor tamaño, a las que les resultará muy costoso implementar estos mecanismos”.
¿Cuál fue la opinión entre los expertos provenientes del mundo de los medios de comunicación? Cristian Hernández, de Perfil.com, mostró preocupación por cómo las plataformas utilizan los contenidos y visualizó la directiva europea como una señal. “Esto debe tener una legislación”, dijo. Carlos Cristófalo, de Autoblog, por su parte, recordó que internet es anárquico desde su creación. “Es la música con la que nos tocó bailar: ¡Bailemos!”, señaló. Chani Guyot, de RedAcción, sostuvo que la directiva “tiene más riesgos que virtudes”. Nicolás Novoa, de ADEPA Argentina, llamó la atención sobre que “los contenidos en línea están cada vez más vulnerables” y Guillermo Rivabén, de SERAC Partners, agregó que “para seguir haciendo periodismo de calidad hace falta que los contenidos fluyan”.
Como cierre, utilizamos las palabras de Juan Manuel Lucero, de Google: “el gran valor de este encuentro es que diferentes partes podamos encontrarnos en una misma mesa a conversar. La discusión tiene que ser amplia y beneficiar a todos los actores”.
